Acabo de leer una noticia en El País cuyo titular reza: "La condición de sefardí dará derecho automático a la nacionalidad española". En el primer párrafo se puede leer: "todos los descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1492 podrán adquirir la nacionalidad española de forma automática, vivan donde vivan y siempre que acrediten su condición, ya sea por apellidos, idioma, descendencia o vinculación con la cultura y costumbres españolas". Cabe destacar que hay alrededor de tres millones de judíos sefardíes en el Mundo, distribuidos por Francia, Estados Unidos, Israel, Turquía y otros países.
Me he quedado perpleja, puesto que el Gobierno declaró -un par de días después de ganar las elecciones- que no iba a regularizar a los inmigrantes por arraigo social (entendido como la permanencia en España durante un tiempo de al menos tres años). Es decir, que a partir de ahora será más español un argentino cuya familia lleva viviendo cuatrocientos años en Argentina y jamás ha pisado la Península, que un uruguayo que lleva diez años viviendo en España.
Cabe destacar que tamaña necedad no es el único motivo para mi asombro. Las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, acompañan a la perfección a la estupefaciente noticia: uno de los objetivos de la instrucción es "recobrar la memoria de la España silenciada durante mucho tiempo". Las palabras del ministro son sumamente irónicas si se tiene en cuenta que, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 han eliminado la partida destinada a la memoria histórica. Esto se traduce en que para el Gobierno es más importante honrar a los descendientes de los judíos que hubo en España hace quinientos años, que honrar a las víctimas de la Guerra Civil, cuyos hijos aún luchan por encontrar sus restos.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tampoco se ha quedado corto al expresar que esta instrucción es la del "reencuentro" para "los que han sido injustamente privados de su nacionalidad y han recreado a través del afecto una España que nunca se resignaron a perder y que a partir de ahora es tan suya como nuestra". En este punto he pensado en los miles de musulmanes que fueron expulsados a la vez que los judíos por los Reyes Católicos, y en si sus descendientes tendrán también derecho a la nacionalidad española. Es más, me han venido a la mente todos los españoles que debido a las crisis económicas de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX emigraron a Latinoamérica, y teniendo en cuenta que huir de la pobreza es una imposición forzosa (para evitar la muerte y la miseria), ellos también deberían reencontrarse con la nacionalidad de la que han sido "injustamente" privados.
Por otro lado, hay que tener en cuenta el contexto internacional de estos días en Oriente Medio. Aunque ayer Israel y Hamás acordasen un alto el fuego, durante los ocho días precedentes no han cesado multitud de ataques -hacia Gaza y el sur de Israel, respectivamente- que han costado la vida a 162 palestinos (de los que 42 son niños,, 11 mujeres y 18 ancianos) y cinco judíos (de los que cuatro son militares). Además, el Primer Ministro israelí, Bejamín Netanyahu, flirteó con la idea de un ataque terrestre a la Franja de Gaza. Espero equivocarme con mi intuición de malpensada, pero me viene a la cabeza que esto de la legalización de los sefardíes, justo en este momento, podría suponer un guiño al Gobierno sionista.
En definitiva, e independientemente del contexto actual en lo que a política internacional se refiere, la decisión del Gobierno de nacionalizar a los sefardíes en masa, exclusivamente por ser sefardíes, es una medida anacrónica, incoherente y, por qué no decirlo, ridícula.
jueves, 22 de noviembre de 2012
Estado policial en Madrid
Michael J. Sodaro, reputado profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad de George Washington y experto en política comparada, ha escrito Política y Ciencia Política, un manual de referencia que es empleado en muchas universidades para introducir la política a los alumnos de ciencias sociales.
En la segunda página del citado manual se encuentra la siguiente afirmación: "La base esencial de los regímenes democráticos es que los ciudadanos tienen el derecho a determinar quién les gobierna y a hacer responsables a sus gobernantes de las acciones que emprenden. Las democracias imponen también límites legales al poder del Estado garantizando ciertos derechos y libertades a sus ciudadanos".
Este párrafo introductorio viene a colación de dos noticias publicadas esta semana en relación a la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. En primer lugar, Cifuentes va a crear una unidad policial -denominada unidad "bronce"-, integrada por 378 agentes, para apoyar las labores de los antidisturbios en manifestaciones y desahucios. En segundo lugar, Cifuentes ha multado a un periodista y un estudiante que fotografiaron las cargas policiales en la estación de Atocha del pasado 25 de septiembre.
Es decir, el pasado 25 de septiembre se cometió un flagrante abuso de autoridad por parte de las fuerzas del orden -aunque hubieran sido necesarias las cargas policiales en las inmediaciones del Congreso, es injustificable que los antidisturbios entrasen en la Estación de Atocha (a casi 1 km de distancia) para cargar contra los usuarios de Renfe-.
Por lo que no sólo no se buscan responsabilidades dentro de la mala praxis policial, sino que se refuerzan sus actuaciones punibles y se castiga a los ciudadanos.
Por otro lado, me gustaría tocar el tema del marido de Cristina Cifuentes, Francisco Javier Aguilar Viyuela. Hace unos meses se desató un rumor sobre si Aguilar Viyuela se encontraba en situación de busca y captura a causa de una indemnización -de unos 45.000 euros- que no había pagado, bulo que Cifuentes no tardó en desmentir. Cierto es que Aguilar Viyuela no está en busca y captura, ya que el pleito que sostuvo no era penal, sino social; sin embargo, según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal indemnización no ha llegado a ser abonada porque Aguilar Viyuela se encuentra en "ignorado paradero", aun cuando existen fotografías suyas junto a su esposa en la mismísima Delegación del Gobierno en Madrid fechadas a principios de octubre de 2012.
En definitiva, vivimos en un país donde la responsable última de la Delegación del Gobierno es capaz de multar a periodistas por ejercer libremente su profesión; es capaz de no admitir los abusos de poder que cometen algunos antidisturbios, aun habiendo documentos gráficos que lo atestiguan; es capaz, incluso, de respaldar las actuaciones de esas fuerzas del orden que cometen abusos al aumentar los efectivos policiales con nuevas unidades; pero no es capaz de decirle a su marido que igual debería cumplir con la justicia.
Si una "democracia" permite que sus fuerzas del orden hagan lo que les dé la gana sin ser represaliados (es decir, no hace responsables a sus gobernantes de las acciones que emprenden) , y además les "premia" y reconoce su labor aumentando las unidades policiales para que les ayuden en sus labores represivas (es decir, hace lo contrario a imponer límites legales al poder del Estado), a la vez que castiga a los ciudadanos que ejercen libremente sus derechos individuales (es decir, no garantiza ciertos derechos y libertades), a lo mejor deberíamos cambiar el término "democracia" por "Estado policial".
En la segunda página del citado manual se encuentra la siguiente afirmación: "La base esencial de los regímenes democráticos es que los ciudadanos tienen el derecho a determinar quién les gobierna y a hacer responsables a sus gobernantes de las acciones que emprenden. Las democracias imponen también límites legales al poder del Estado garantizando ciertos derechos y libertades a sus ciudadanos".
Este párrafo introductorio viene a colación de dos noticias publicadas esta semana en relación a la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. En primer lugar, Cifuentes va a crear una unidad policial -denominada unidad "bronce"-, integrada por 378 agentes, para apoyar las labores de los antidisturbios en manifestaciones y desahucios. En segundo lugar, Cifuentes ha multado a un periodista y un estudiante que fotografiaron las cargas policiales en la estación de Atocha del pasado 25 de septiembre.
Es decir, el pasado 25 de septiembre se cometió un flagrante abuso de autoridad por parte de las fuerzas del orden -aunque hubieran sido necesarias las cargas policiales en las inmediaciones del Congreso, es injustificable que los antidisturbios entrasen en la Estación de Atocha (a casi 1 km de distancia) para cargar contra los usuarios de Renfe-.
Por lo que no sólo no se buscan responsabilidades dentro de la mala praxis policial, sino que se refuerzan sus actuaciones punibles y se castiga a los ciudadanos.
Por otro lado, me gustaría tocar el tema del marido de Cristina Cifuentes, Francisco Javier Aguilar Viyuela. Hace unos meses se desató un rumor sobre si Aguilar Viyuela se encontraba en situación de busca y captura a causa de una indemnización -de unos 45.000 euros- que no había pagado, bulo que Cifuentes no tardó en desmentir. Cierto es que Aguilar Viyuela no está en busca y captura, ya que el pleito que sostuvo no era penal, sino social; sin embargo, según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal indemnización no ha llegado a ser abonada porque Aguilar Viyuela se encuentra en "ignorado paradero", aun cuando existen fotografías suyas junto a su esposa en la mismísima Delegación del Gobierno en Madrid fechadas a principios de octubre de 2012.
En definitiva, vivimos en un país donde la responsable última de la Delegación del Gobierno es capaz de multar a periodistas por ejercer libremente su profesión; es capaz de no admitir los abusos de poder que cometen algunos antidisturbios, aun habiendo documentos gráficos que lo atestiguan; es capaz, incluso, de respaldar las actuaciones de esas fuerzas del orden que cometen abusos al aumentar los efectivos policiales con nuevas unidades; pero no es capaz de decirle a su marido que igual debería cumplir con la justicia.
Si una "democracia" permite que sus fuerzas del orden hagan lo que les dé la gana sin ser represaliados (es decir, no hace responsables a sus gobernantes de las acciones que emprenden) , y además les "premia" y reconoce su labor aumentando las unidades policiales para que les ayuden en sus labores represivas (es decir, hace lo contrario a imponer límites legales al poder del Estado), a la vez que castiga a los ciudadanos que ejercen libremente sus derechos individuales (es decir, no garantiza ciertos derechos y libertades), a lo mejor deberíamos cambiar el término "democracia" por "Estado policial".
lunes, 5 de noviembre de 2012
Carta a Ana Botella
Querida alcaldesa,
Se ha hablado mucho sobre usted en los últimos días a causa de la tragedia del pasado 31 de octubre en el Madrid Arena. No voy a entrar en si realmente se excedió el aforo del recinto, no voy a entrar en si la responsabilidad última de la seguridad correspondía al Ayuntamiento de Madrid o a la empresa organizadora, no voy a entrar en si deberían haber registrado los bolsos para evitar que se metiesen bengalas o en si había puertas de emergencia bloqueadas.
Yo lo único que quiero es transmitirle a Ana Botella, alcaldesa no electa de Madrid, el disgusto que como ciudadana -y hermana de una joven de 17 años- tengo con usted. Y ese disgusto no deriva de su gestión de crisis de la tragedia en Madrid Arena, deriva de su comportamiento como persona.
Hoy publica El País que el Consistorio madrileño carece de las licencias pertinentes para organizar eventos de este tipo en Madrid Arena, y aún así usted se ha atrevido a respaldar la gestión que su vicealcalde ha tenido en la citada desgracia. Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid se ha saltado a la torera la normativa vigente, ya que Urbanismo había detectado "deficiencias concretas" de seguridad en Madrid Arena, y además usted reconoce la buena labor gestora después de la muerte de cuatro jóvenes producida por fallos en la seguridad del recinto.
En primer lugar, señora Botella, no ha existido una buena gestión de crisis en la tragedia de Madrid Arena, lo que ha existido es un flagrante y premeditado error que el Ayuntamiento de Madrid, es decir, usted -como última responsable del Consistorio-, no se digna a reconocer.
En segundo lugar, señora Botella, no sólo no son lo suficientemente humanos como para reconocer un error, sino que además intentan vender la moto de que el recinto cumplía con todas las medidas de seguridad, aun siendo un embuste. Esto significa que después de ser responsable de una tragedia de tal magnitud, el Ayuntamiento se dedica a tratar a los ciudadanos como imbéciles mintiéndoles deliberadamente.
En tercer lugar, Señora Botella, tengo una hermana de 17 años que se llama Belén. Ni es la joven que ha fallecido a causa del aplastamiento, ni estuvo en Madrid Arena, ni tiene ningún tipo de relación directa con la desgracia. Pero podría haber estado allí, al igual que cualquier otro madrileño, y simplemente esa posibilidad me pone del hígado.
Olvide su faceta de alcaldesa, de política, incluso de esposa de un expresidente del Gobierno. Céntrese en su faceta de madre, e imagine que hace unos años Anita Aznar hubiera salido de fiesta y no hubiera vuelto nunca más a causa de una negligencia del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo calificaría usted la gestión del vicealcalde? ¿Cómo le sentaría a usted que el recinto donde hubiese fallecido Anita Aznar no cumpliese con la normativa de seguridad? ¿Le importaría lo más mínimo que la alcaldesa decidiera no hacer más fiestas en los locales públicos? Porque aunque la tragedia haya pasado una vez y no vuelva a repetirse, lo de Madrid Arena se traduce como cuatro dramas humanos que ya no tienen solución, y no como una crisis política.
Así que, por favor, señora alcaldesa, haga un favor a la ciudadanía y deje de insultar a nuestra inteligencia. Es cierto que los madrileños no la votaron, pero en ocasiones como ésta usted ha de demostrar que está a la altura del cargo que ostenta. Humanícese, agache la cabeza y reconozca que el Ayuntamiento lo ha hecho mal, otorgue a las víctimas el respeto que se merecen y no vaya poniendo medallitas por la gestión de crisis, porque esto no es una crisis política, sino una desgracia que usted, como responsable última del Consistorio, podría haber evitado.
Querida Ana Botella, deje de lado el corporativismo político, porque lo que ahora necesita Madrid no es una defensora partidista ante una crisis, es una alcaldesa humanizada ante una tragedia.
Se ha hablado mucho sobre usted en los últimos días a causa de la tragedia del pasado 31 de octubre en el Madrid Arena. No voy a entrar en si realmente se excedió el aforo del recinto, no voy a entrar en si la responsabilidad última de la seguridad correspondía al Ayuntamiento de Madrid o a la empresa organizadora, no voy a entrar en si deberían haber registrado los bolsos para evitar que se metiesen bengalas o en si había puertas de emergencia bloqueadas.
Yo lo único que quiero es transmitirle a Ana Botella, alcaldesa no electa de Madrid, el disgusto que como ciudadana -y hermana de una joven de 17 años- tengo con usted. Y ese disgusto no deriva de su gestión de crisis de la tragedia en Madrid Arena, deriva de su comportamiento como persona.
Hoy publica El País que el Consistorio madrileño carece de las licencias pertinentes para organizar eventos de este tipo en Madrid Arena, y aún así usted se ha atrevido a respaldar la gestión que su vicealcalde ha tenido en la citada desgracia. Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid se ha saltado a la torera la normativa vigente, ya que Urbanismo había detectado "deficiencias concretas" de seguridad en Madrid Arena, y además usted reconoce la buena labor gestora después de la muerte de cuatro jóvenes producida por fallos en la seguridad del recinto.
En primer lugar, señora Botella, no ha existido una buena gestión de crisis en la tragedia de Madrid Arena, lo que ha existido es un flagrante y premeditado error que el Ayuntamiento de Madrid, es decir, usted -como última responsable del Consistorio-, no se digna a reconocer.
En segundo lugar, señora Botella, no sólo no son lo suficientemente humanos como para reconocer un error, sino que además intentan vender la moto de que el recinto cumplía con todas las medidas de seguridad, aun siendo un embuste. Esto significa que después de ser responsable de una tragedia de tal magnitud, el Ayuntamiento se dedica a tratar a los ciudadanos como imbéciles mintiéndoles deliberadamente.
En tercer lugar, Señora Botella, tengo una hermana de 17 años que se llama Belén. Ni es la joven que ha fallecido a causa del aplastamiento, ni estuvo en Madrid Arena, ni tiene ningún tipo de relación directa con la desgracia. Pero podría haber estado allí, al igual que cualquier otro madrileño, y simplemente esa posibilidad me pone del hígado.
Olvide su faceta de alcaldesa, de política, incluso de esposa de un expresidente del Gobierno. Céntrese en su faceta de madre, e imagine que hace unos años Anita Aznar hubiera salido de fiesta y no hubiera vuelto nunca más a causa de una negligencia del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo calificaría usted la gestión del vicealcalde? ¿Cómo le sentaría a usted que el recinto donde hubiese fallecido Anita Aznar no cumpliese con la normativa de seguridad? ¿Le importaría lo más mínimo que la alcaldesa decidiera no hacer más fiestas en los locales públicos? Porque aunque la tragedia haya pasado una vez y no vuelva a repetirse, lo de Madrid Arena se traduce como cuatro dramas humanos que ya no tienen solución, y no como una crisis política.
Así que, por favor, señora alcaldesa, haga un favor a la ciudadanía y deje de insultar a nuestra inteligencia. Es cierto que los madrileños no la votaron, pero en ocasiones como ésta usted ha de demostrar que está a la altura del cargo que ostenta. Humanícese, agache la cabeza y reconozca que el Ayuntamiento lo ha hecho mal, otorgue a las víctimas el respeto que se merecen y no vaya poniendo medallitas por la gestión de crisis, porque esto no es una crisis política, sino una desgracia que usted, como responsable última del Consistorio, podría haber evitado.
Querida Ana Botella, deje de lado el corporativismo político, porque lo que ahora necesita Madrid no es una defensora partidista ante una crisis, es una alcaldesa humanizada ante una tragedia.
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