Michael J. Sodaro, reputado profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad de George Washington y experto en política comparada, ha escrito Política y Ciencia Política, un manual de referencia que es empleado en muchas universidades para introducir la política a los alumnos de ciencias sociales.
En la segunda página del citado manual se encuentra la siguiente afirmación: "La base esencial de los regímenes democráticos es que los ciudadanos tienen el derecho a determinar quién les gobierna y a hacer responsables a sus gobernantes de las acciones que emprenden. Las democracias imponen también límites legales al poder del Estado garantizando ciertos derechos y libertades a sus ciudadanos".
Este párrafo introductorio viene a colación de dos noticias publicadas esta semana en relación a la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. En primer lugar, Cifuentes va a crear una unidad policial -denominada unidad "bronce"-, integrada por 378 agentes, para apoyar las labores de los antidisturbios en manifestaciones y desahucios. En segundo lugar, Cifuentes ha multado a un periodista y un estudiante que fotografiaron las cargas policiales en la estación de Atocha del pasado 25 de septiembre.
Es decir, el pasado 25 de septiembre se cometió un flagrante abuso de autoridad por parte de las fuerzas del orden -aunque hubieran sido necesarias las cargas policiales en las inmediaciones del Congreso, es injustificable que los antidisturbios entrasen en la Estación de Atocha (a casi 1 km de distancia) para cargar contra los usuarios de Renfe-.
Por lo que no sólo no se buscan responsabilidades dentro de la mala praxis policial, sino que se refuerzan sus actuaciones punibles y se castiga a los ciudadanos.
Por otro lado, me gustaría tocar el tema del marido de Cristina Cifuentes, Francisco Javier Aguilar Viyuela. Hace unos meses se desató un rumor sobre si Aguilar Viyuela se encontraba en situación de busca y captura a causa de una indemnización -de unos 45.000 euros- que no había pagado, bulo que Cifuentes no tardó en desmentir. Cierto es que Aguilar Viyuela no está en busca y captura, ya que el pleito que sostuvo no era penal, sino social; sin embargo, según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal indemnización no ha llegado a ser abonada porque Aguilar Viyuela se encuentra en "ignorado paradero", aun cuando existen fotografías suyas junto a su esposa en la mismísima Delegación del Gobierno en Madrid fechadas a principios de octubre de 2012.
En definitiva, vivimos en un país donde la responsable última de la Delegación del Gobierno es capaz de multar a periodistas por ejercer libremente su profesión; es capaz de no admitir los abusos de poder que cometen algunos antidisturbios, aun habiendo documentos gráficos que lo atestiguan; es capaz, incluso, de respaldar las actuaciones de esas fuerzas del orden que cometen abusos al aumentar los efectivos policiales con nuevas unidades; pero no es capaz de decirle a su marido que igual debería cumplir con la justicia.
Si una "democracia" permite que sus fuerzas del orden hagan lo que les dé la gana sin ser represaliados (es decir, no hace responsables a sus gobernantes de las acciones que emprenden) , y además les "premia" y reconoce su labor aumentando las unidades policiales para que les ayuden en sus labores represivas (es decir, hace lo contrario a imponer límites legales al poder del Estado), a la vez que castiga a los ciudadanos que ejercen libremente sus derechos individuales (es decir, no garantiza ciertos derechos y libertades), a lo mejor deberíamos cambiar el término "democracia" por "Estado policial".
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